Guayaquil
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó con contundencia la madrugada del martes 4 de marzo en contra del fiscal Carlos Alarcón, quien investiga el caso Triple A, relacionado con el presunto delito de comercialización ilegal de combustible en la frontera.
La respuesta del alcalde se dio tras la renuncia de su abogado, Emilio Santacruz, quien denunció haber recibido amenazas contra su vida debido a su labor en la defensa de Álvarez. En su cuenta de X, el alcalde afirmó: “No descansaremos hasta que él confiese que toda esta persecución fue una agenda totalmente orquestada”. Su mensaje fue en respuesta a un pronunciamiento de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien expresó su solidaridad con Santacruz y acusó al fiscal de ser un instrumento de persecución política.
El abogado Santacruz anunció su decisión el lunes 3 de marzo, señalando que su seguridad y la de su familia estaban en riesgo. “Lamento profundamente apartarme de la representación jurídica de Aquiles en esta injusta e infundada causa. Ante la grave situación de inseguridad que vive el país, no puedo ignorar estas amenazas”, escribió en un comunicado.
Álvarez calificó la renuncia como “totalmente entendible” y lamentó que la situación haya escalado a este nivel. “No hay garantías, amenazan, persiguen y presionan. Ese es el modus operandi de ellos”, denunció el alcalde, quien aseguró que comparecerá con un nuevo abogado en la audiencia programada para el miércoles 5 de marzo. “Gracias por todo, su defensa ha sido de primer nivel, dejando expuesta a la fiscalía en todos los aspectos”, agregó en referencia a su exrepresentante legal.
Mientras tanto, el juez Jairo García convocó para las 10:00 del miércoles 5 de marzo una audiencia solicitada por el fiscal Alarcón, en la que se prevé la vinculación de nueve personas más al caso Triple A. Según la Fiscalía, la investigación involucra a Álvarez y a varios empresarios y contadores en el presunto almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en zonas fronterizas.
El juez determinó que el alcalde de Guayaquil no cuenta con fuero de corte provincial, pues la causa está relacionada con actividades que no corresponden a su ejercicio como funcionario público. Ante esta situación, Álvarez insistió en que el proceso es una persecución política y aseguró que expondrá públicamente las supuestas irregularidades del caso. “Pronto acabará esta porquería por la que pasa nuestro país. A pesar de todo, vamos con fe”, concluyó.