Ecuador
En una sesión marcada por tensiones y confrontaciones verbales, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó la calificación del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. La propuesta, impulsada por legisladores cercanos al expresidente Rafael Correa, no logró los votos necesarios para su aprobación. El proceso ahora pasará al pleno de la Asamblea, donde se decidirá si se archiva definitivamente, quedando el juicio político en suspenso.
El bloque correísta acusaba a Salazar de incumplimiento de funciones, citando su presunto retraso en la gestión de casos de alto perfil como León de Troya, Encuentro (que involucran al círculo cercano del presidente Guillermo Lasso), e INA Papers (que afecta al ex presidente Lenín Moreno). Además, se le imputaba irregularidades en el caso del ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y la falta de acción en investigaciones sobre los vacunados VIP. También señalaban la insuficiencia en la prevención de asesinatos de fiscales y la mala administración del Ministerio Público.
La fiscal general, quien se encuentra embarazada, había solicitado que se reactivara su juicio político tras su suspensión por motivos de salud. La petición fue aceptada por el Consejo de Administración Legislativa la semana pasada, y el proceso continuó.
El 9 de septiembre, con la oposición de cinco miembros de la Comisión de Fiscalización, incluyendo a un correísta que fue excluido de su bancada, el juicio no fue calificado. Sin embargo, el procedimiento sigue su curso, ya que según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión tiene un plazo de cinco días para verificar si la solicitud cumple con los requisitos constitucionales. En caso de no ser calificado, se deberá remitir un informe al pleno de la Asamblea para su ratificación.
Pese a los esfuerzos del correísmo, las bancadas oficialistas, como ADN, el Partido Social Cristiano y Construye, han dejado claro que sus votos rechazarán el intento de destituir a Salazar. De acuerdo con la legislación ecuatoriana, para destituir a la fiscal se requieren 91 votos.
Diana Salazar, quien investiga los casos más importantes de corrupción y narcotráfico en Ecuador, ha sido objeto de amenazas de muerte. Su labor en la lucha contra las mafias del Estado ha generado un respaldo notable, convirtiéndola en una figura central en la política del país. De hecho, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time en 2024, destacando su valentía y liderazgo.
Con las elecciones generales de 2025 a la vista, la postura de los legisladores sobre el caso Salazar podría verse influenciada por cálculos electorales, ya que cualquier votación podría ser interpretada como un acto con repercusiones políticas de cara a los comicios.
Fuente: Primicias