El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) llevó a cabo este jueves 1 de mayo de 2025, una audiencia oral para presentar pruebas y alegatos en el caso de la denuncia interpuesta por dirigentes de la Unidad Popular y el Partido Social Cristiano (PSC) contra el presidente Daniel Noboa, por presunta infracción electoral.
En la audiencia estuvo presente Giovanni Atarihuana, representante de la Unidad Popular, mientras que Alfredo Serrano, presidente del PSC, no asistió, lo que llevó al juez Joaquín Viteri a declarar su abandono del caso.
En lugar de Noboa, quien se encuentra en una gira internacional, sus abogados defensores se presentaron para solicitar el archivo del proceso. Argumentaron que la denuncia carece de pruebas y base legal, al considerar que no se ha demostrado que el presidente haya "inducido al voto" durante la campaña electoral pasada.
La denuncia fue presentada por Geovanni Atarihuana, líder de la Unidad Popular, y Jorge Escala, excandidato presidencial, quienes señalan que Noboa incurrió en una infracción electoral al participar activamente en actividades de campaña el 5 de enero, al inicio de la primera vuelta electoral. La participación de Noboa, según la denuncia, se dio sin solicitar licencia del cargo, como exige el Código de la Democracia.
Ese día, Noboa apareció en el balcón del Palacio de Carondelet en Quito, desde donde instó a sus simpatizantes a votar por él y por sus candidatos a asambleístas. Según el abogado de Atarihuana, Luis Cueva, el presidente pronunció frases como: "En cinco semanas venceremos y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, una Asamblea que apoye y no ponga trabas a los proyectos del Ejecutivo."
Atarihuana subrayó que esta intervención no fue un hecho aislado, sino parte de una actitud "antidemocrática" que se repitió a lo largo de la campaña electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta.
A pesar de las críticas, Noboa nunca solicitó la licencia requerida por la ley para los funcionarios que buscan la reelección. El ministro de Gobierno, José De la Gasca, explicó en varias ocasiones que el presidente no consideraba su candidatura como una reelección, dado que fue elegido para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien dejó el cargo en 2023. En lugar de pedir licencia, Noboa se ausentó temporalmente del cargo y delegó sus funciones en la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert, a quien designó como "vicepresidenta encargada." Sin embargo, esta delegación fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Tras presentar las pruebas, el abogado Cueva solicitó al juez Viteri que se sancionara al presidente por la presunta infracción electoral, conforme al artículo 278 del Código de la Democracia, que establece sanciones por infracciones graves. Estas sanciones pueden incluir multas de hasta veinte salarios básicos unificados, destitución o suspensión de derechos de participación por un período de entre seis meses y dos años.
Fuente: Primicias