Diversas agencias de la ONU han instado al gobierno de Perú a derogar la nueva ley que establece como imputables a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado. La normativa fue recientemente promulgada por el Ejecutivo peruano.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo hacia la Ley 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años. Las organizaciones destacaron que esta ley va en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional al que Perú está suscrito y que protege los derechos de menores de edad.
En su declaración, las agencias internacionales pidieron a las autoridades peruanas reconsiderar esta medida y destinar recursos al fortalecimiento del sistema de justicia penal juvenil como una solución más efectiva para abordar la violencia y asegurar la reinserción social de los adolescentes involucrados en delitos.
"Las estadísticas oficiales indican que el 98 % de los delitos registrados son cometidos por adultos. Por lo tanto, esta medida no contribuirá significativamente a la reducción de la criminalidad en el país", señalaron. Además, expresaron su preocupación por el riesgo de que los adolescentes sean privados de libertad junto con adultos, lo que podría empeorar su rehabilitación y aumentar la influencia negativa del entorno carcelario.
A pesar de las críticas, el gobierno de Perú promulgó esta ley el pasado sábado, que ya había sido aprobada por el Congreso. La normativa modifica tanto el Código Penal como el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y establece que los menores de 18 años que cometan delitos graves podrán ser considerados penalmente responsables.
El rechazo a la ley también ha sido manifestado por el Ministerio Público y el Poder Judicial, que consideran que la medida es incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, el Ministerio Público ha señalado que el sistema actual de justicia juvenil ya ofrece tratamientos adecuados para los adolescentes infractores.
En el primer debate parlamentario, el congresista fujimorista y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, defendió la ley argumentando que las bandas criminales reclutan a jóvenes de 16 y 17 años para cometer delitos graves, lo que, según él, justifica la necesidad de esta legislación.
A pesar de la promulgación de la norma, tanto organismos internacionales como sectores nacionales continúan pidiendo una reconsideración del enfoque adoptado por el gobierno de Perú.
Fuente: SWI