Ecuador, en su marco constitucional, ha establecido un sistema que debe garantizar la independencia de las funciones del Estado. No obstante, en la práctica, numerosos gobiernos han demostrado que este principio, aunque esencial en teoría, ha sido regularmente ignorado.
Uno de los episodios más notorios de interferencia política en las instituciones fue la intervención de Rafael Correa en el sistema judicial en 2011, respaldada por la ciudadanía a través del voto popular. Sin embargo, esta no fue una novedad, ya que antes de su gobierno, otros actores políticos también controlaban las cortes del país.
Más tarde, en 2018, Lenín Moreno apeló a la consulta popular para justificar la disolución de instituciones de control, como la Corte Constitucional y la Fiscalía, cuyas autoridades habían sido designadas por un Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) alineado con el correísmo durante la última década. La promesa de combatir la corrupción fue central en su estrategia.
Recientemente, la tradición de manipulación política de las funciones del Estado ha continuado. En particular, las funciones Ejecutiva y Legislativa se han convertido en centros de control, y las entidades públicas han sido objeto de compra y venta de puestos. Sin embargo, un fenómeno más reciente ha empañado aún más la independencia de funciones: la creciente influencia del crimen organizado. Los vínculos entre el narcotráfico, el lavado de activos y otros crímenes transnacionales con la administración pública son cada vez más evidentes, lo que ha contribuido a una mayor desconfianza en las instituciones.
El concepto de independencia de funciones se refiere a la separación y autonomía entre los poderes del Estado, un principio clave de la democracia que busca evitar que una función del Estado interfiera con las demás. La Corte Constitucional, en una sentencia de noviembre de 2023, lo definió como un mecanismo para equilibrar el poder y evitar abusos. No obstante, la implementación efectiva de este principio ha sido deficiente, lo que ha socavado la confianza ciudadana en las instituciones, especialmente en un contexto de crisis política y administrativa.
Según el Latinobarómetro 2024, la confianza de los ecuatorianos en las instituciones es alarmantemente baja: solo un 30% de la población confía en la figura del Presidente, un 20% en la Función Electoral, y un 18% en las funciones Judicial y Legislativa.
La independencia de funciones se ha convertido en un tema clave en la campaña presidencial de 2025. Los dos principales candidatos, Daniel Noboa y Luisa González, han prometido recuperar las instituciones y garantizar el respeto a la separación de poderes.
En el reciente debate presidencial, ambos se acusaron mutuamente de haber amenazado con tomar control de las instituciones del Estado. Noboa interrogó a González sobre sus planes de reformar el sistema judicial, mencionando cómo el correísmo había logrado tomar control de la Judicatura y la Superintendencia de Bancos en el pasado. Por su parte, González no negó las acusaciones, pero contraatacó señalando que Noboa había manipulado instituciones como la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
A pesar de las promesas de restaurar la independencia de las instituciones, ninguno de los candidatos ha proporcionado detalles claros sobre cómo planean cumplir con estas ambiciosas promesas. Sin embargo, sus planes de gobierno apuntan a la creación de un sistema público eficiente, transparente y participativo.
Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), ha prometido fortalecer la institucionalidad pública, garantizando un gobierno eficiente y transparente. Su propuesta incluye un compromiso con la independencia de los poderes del Estado, así como la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Por su parte, Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana (RC), ha destacado la necesidad de recuperar la independencia y la imparcialidad de la Función Judicial y la Fiscalía. Su propuesta se enfoca en garantizar que las instituciones no sean influenciadas por intereses políticos, y en generar un pacto por una justicia imparcial.
El economista y politólogo James Alan Robinson, premio Nobel de Economía, ha señalado que la diferencia entre los países prósperos y los países en crisis radica en la calidad de sus instituciones. Según Robinson, las instituciones fuertes y transparentes, como los sistemas judiciales y legislativos, son clave para el desarrollo y la estabilidad de un país.
Mauricio Muñoz, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), subraya que, a pesar de las promesas, las tres últimas constituciones ecuatorianas han fracasado en implementar de manera efectiva la independencia de funciones. La historia reciente del país demuestra que el poder político ha buscado controlar el poder judicial para debilitar los sistemas de pesos y contrapesos establecidos por la Constitución.
Según Muñoz, el crimen organizado ha exacerbado aún más esta falta de independencia, pues el poder económico de los carteles ha penetrado las instituciones, lo que dificulta aún más la separación entre poderes.
El experto en temas constitucionales, Gabriel Alarcón, considera que las promesas electorales sobre la recuperación de la institucionalidad son en su mayoría discursos vacíos. Sin embargo, también afirma que es posible restaurar la independencia de las funciones del Estado, pero para ello será necesario un proceso colaborativo que involucre un diálogo real entre actores políticos, sin que una sola facción busque imponer su visión.
Alarcón concluye que el verdadero desafío para Ecuador no es la falta de promesas, sino la falta de voluntad para sentarse a la mesa y trabajar en soluciones reales y duraderas, lejos de la manipulación política y los intereses de grupos de poder.
Fuente: Primicias