La Asamblea Nacional enfrenta un nuevo episodio de confrontación entre la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y la oposición correísta de la Revolución Ciudadana. Este 10 de marzo, ADN solicitó una modificación en el orden del día de la próxima sesión del Pleno para debatir sobre presuntas irregularidades en la designación y contratación de funcionarios en la Función Legislativa.
La asambleísta Nataly Morillo acusó a la Revolución Ciudadana de orquestar un esquema de nombramientos provisionales con el fin de ubicar a sus militantes en cargos clave, justo en vísperas de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, al menos 14 personas habrían sido beneficiadas sin un proceso transparente de selección.
Desde ADN aseguran que entre los favorecidos hay funcionarios con poca trayectoria en la Asamblea, e incluso uno de ellos enfrentaría procesos penales por asociación ilícita. "Exigimos que estos nombramientos provisionales sean anulados. Todos los procesos de contratación deben ser abiertos y no manipulados", declaró Morillo.
Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Eckenner Recalde (ADN), sostuvo que no han sido informados sobre la aprobación de un reglamento para la designación de estos cargos, lo que, según él, podría constituir una violación a la normativa vigente.
Ante las acusaciones, la administradora general de la Asamblea, Gardenia Segovia, rechazó cualquier irregularidad en el proceso de nombramientos. Explicó que estos son temporales y responden a la necesidad de garantizar el funcionamiento de la institución hasta que se realice un concurso de méritos y oposición en 2026. "Se ha politizado un tema administrativo que es una práctica común en las entidades públicas", señaló.
Segovia precisó que los nombramientos provisionales fueron otorgados con base en el Manual de Procesos aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en diciembre de 2024, y que la verificación de requisitos estuvo a cargo de los coordinadores de área.
Actualmente, solo el 16% de los funcionarios de la Asamblea cuentan con nombramientos permanentes, lo que ha generado dificultades operativas, especialmente tras la disolución del Parlamento en mayo de 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso. En este contexto, Segovia defendió la entrega de estos nombramientos como un mecanismo para garantizar la estabilidad laboral y la continuidad de los procesos legislativos.
Bajo esta figura, se prevé la designación de 76 funcionarios adicionales en los próximos meses. No obstante, la normativa vigente no exige que estos trabajadores hayan tenido experiencia previa en el Parlamento.
En medio de la polémica, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre los procedimientos de contratación realizados durante su gestión, en un intento por disipar las dudas sobre la legalidad de los nombramientos.