A casi una semana de que el consorcio Sinopetrol no cumpliera con el pago de la prima de $1.500 millones en el plazo establecido por el presidente Daniel Noboa, el Ministerio de Energía y Minas aún no ha oficializado la anulación de la adjudicación del campo petrolero Sacha.
La operación del bloque 60, que se delegaría por 20 años al grupo conformado por Petrolia Ecuador (subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy) y Amodaimi Oil Company (subsidiaria de Sinopec, la estatal china), quedó sin efecto el pasado martes 11 de marzo a las 21:00. Sin embargo, hasta ahora no se ha ejecutado el procedimiento legal para formalizar la decisión gubernamental.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró a EL UNIVERSO que la notificación oficial a Sinopetrol es el siguiente paso. “Notificarles a ellos sería el siguiente paso”, afirmó.
El proceso de adjudicación se oficializó el 28 de febrero mediante una resolución firmada por Manzano, basada en la recomendación del Comité de Licitaciones de Hidrocarburos (COLH). En la notificación enviada a las empresas se estableció un plazo de 30 días hábiles para concretar los trámites de firma del contrato.
Pese a que el plazo venció sin que se efectuara el pago de la prima, la ministra aseguró que no existe incumplimiento por parte del Estado, ya que la concesión simplemente no se concretó. Además, indicó que el Gobierno podría derogar o modificar el acuerdo ministerial 040, emitido en noviembre de 2024, que permitió la delegación del campo Sacha y ordenó a Petroecuador transferirlo al Ministerio de Energía.
“Cada nuevo proceso requiere un nuevo acuerdo ministerial. Lo mejor sería rehacerlo, con nuevas condiciones. Ya sabemos, por ejemplo, que menos de $1.500 millones no vamos a aceptar”, señaló Manzano. No obstante, evitó precisar fechas para la notificación formal al consorcio o la modificación del marco legal vigente.
Según la abogada especializada en hidrocarburos Paula Piedra Espinosa, la anulación de la adjudicación debe realizarse mediante una nueva resolución ministerial, debidamente motivada y respaldada por un informe legal.
“La administración pública debe deshacer los actos administrativos de la misma manera en que los crea. Se necesita una resolución que deje sin efecto la adjudicación del 28 de febrero, justificando las razones de la decisión”, explicó.
Piedra agregó que, hasta que no se emita dicha resolución, la adjudicación sigue vigente como acto administrativo. También consideró necesario derogar el acuerdo ministerial 040 para que el bloque vuelva formalmente a manos de Petroecuador, permitiéndole gestionar contrataciones y certificaciones.
De momento, el Gobierno de Noboa evalúa alternativas para el futuro del campo Sacha, mientras el consorcio Sinopetrol y su representante, Ramiro Páez, han optado por no pronunciarse sobre la situación.
Fuente: El Universo