Ecuador
La suspensión de 150 días impuesta a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el Ministerio de Trabajo, desencadenó un intenso debate en la Asamblea Nacional este miércoles, 13 de noviembre de 2024.
Lucía Posso, legisladora de Avanza, presentó una resolución de siete artículos para condenar la acción de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, acusándola de sancionar a Abad sin fundamentos y a través de un proceso administrativo cuestionable. El Parlamento también acordó citar a Núñez para que rinda cuentas y consultará a la Corte Constitucional, calificando la decisión como "ilegal e inconstitucional".
La moción obtuvo 86 votos a favor, con 27 en contra y cinco abstenciones, reflejando un claro respaldo a la postura de Posso, quien enfatizó que los legisladores tienen el deber de defender la estabilidad jurídica del país. "Si el Ejecutivo no comprende eso, esta Asamblea lo hará entender", afirmó.
Desde el bloque oficialista, Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN, criticó la resolución, señalando que detrás de esta acción existe "sed de poder" y acusando a Abad de buscar acceder a la Presidencia para favorecer intereses opositores.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, permitió que Abad se dirigiera a los legisladores desde Turquía, donde defendió su postura al asegurar ser víctima de una "persecución". La vicepresidenta negó las acusaciones de tener fondos en paraísos fiscales y afirmó que su sanción carece de pruebas.
En el debate, más de 20 legisladores tomaron la palabra, y Lucía Posso fue la primera en intervenir, advirtiendo que este tipo de decisiones marcan el inicio de una "dictadura" que busca eliminar a opositores. Por otro lado, Ferdinan Álvarez, legislador oficialista, señaló que Abad debe responder a las acusaciones judiciales en su contra, mientras Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, instó al diálogo entre Abad y el presidente Daniel Noboa.
El debate concluyó con posturas divididas entre quienes defienden la autonomía de la Función Ejecutiva y quienes consideran que la medida es un atentado contra la Constitución y el Estado de derecho.